Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF)
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La posible virtualidad de los programas de tax compliance a efectos de excluir la responsabilidad por infracciones tributarias
La creciente intrincación de las relaciones y operaciones económicas se traduce, de forma paralela, en un aumento de la complejidad a la hora de aplicar la normativa tributaria. No obstante, tales circunstancias no parecen tener un correlato o una adaptación equivalente en el ámbito sancionador, particularmente, en lo que se refiere al margen de error admisible o la valoración de la diligencia debida observada. Así, los programas de tax compliance, tomando como referencia tanto experiencias comparadas como la práctica administrativa desarrollada en otros sectores del ordenamiento nacional, pueden erigirse como una solución plenamente válida en este contexto. Ello se razona, fundamentalmente, atendiendo al concepto de diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, tipificado como causa de exclusión de responsabilidad en la letra d) art. 179.2 LGT, ante la eventual comisión de infracciones tributarias.
Isaac Merino Jara (Dir.) La fiscalidad de la empresa familiar. La Ley, 2025. Esta monografía analiza exhaustivamente la fiscalidad de la empresa familiar abordando diversos aspectos clave como la tri­butación patrimonial, transmisión mortis causa, donaciones, financiación, y la internacionalización. La obra profundiza en temáticas específicas como las SOCIMIs, la afectación de activos, las figuras del pacto sucesorio, y la tributación de los consejeros. Analiza la doctrina jurisprudencial y administrativa y aborda la fiscalidad de las empresas familiares que carecen de forma socie­ taria. César García Novoa. Sugerencia formulada por la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) respecto a la reforma del vigente marco regulador de las consultas tributarias. AEDAF, 2025. Este trabajo ha sido elaborado por el Consejo Asesor Institu­ cional de AEDAF y por César García Novoa, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago y coordina­dor del Grupo de Expertos en Derechos y Garantías de los Contri­ buyentes y de Práctica Tributaria de AEDAF. La iniciativa surge de la necesidad de adecuar la regulación de las consultas tributarias a los cambios y la complejidad que ha alcanzado nuestro sistema tributario. Lo anterior representa una merma en su eficacia como mecanismo de información y asistencia para los obligados tribu­tarios, limitando la seguridad jurídica y dificultando el cumpli­ miento de las obligaciones tributarias. Esto, a su vez, puede per­judicar la competitividad del sistema tributario español y afectar negativamente a la toma de decisiones de inversión y su localización. José Manuel Macarro Osuna y José Miguel Martín Rodríguez (Directores). Tributación de las plataformas digitales: retos ante un nuevo paradigma. Aranzadi, 2025. Esta obra examina el impacto de las plataformas digitales como actores fundamentales en la nueva economía global. Desde la fiscalidad de los beneficios hasta el intercambio de información para combatir el fraude, el libro ofrece una visión integral sobre cómo adaptarse al rápido crecimiento tecnológico y económico. Reúne investigaciones sobre las obligaciones de información y los desafíos en la recaudación de impuestos indirectos, incluyendo el IVA y los e-sports. La obra identifica oportunidades y aborda la complejidad técnica y regulatoria de la tributación en un entorno digital continuamente cambiante. La obra ofrece el impacto fiscal de plataformas digitales e intermediarios electrónicos; un análisis de la normativa OCDE y europea respecto a la economía digital y los desafíos y evolución de las obligaciones de información en entornos digitales. Isaac Merino Jara (Dir.) El impacto de la fiscalidad internacional. Aranzadi, 2025. Una radiografía completa desde la normativa española, comu­nitaria y extracomunitaria. Esta obra en la que colaboran algunos compañeros de la Asociación ofrece: i) La interpretación de los Convenios de Doble Imposición en la jurisprudencia del TS: ten­ dencias recientes; ii) La determinación del domicilio fiscal de entidades multinacionales y resolución de conflictos de residencia y iii) La obligación de informar sobre operaciones con criptoactivos de acuerdo con la DAC 8 (Directiva (UE) 2023/2226 del Consejo, de 17 de octubre de 2023). Diego Marín-Barnuevo Fabo (Coord.). Jurisprudencia casacional en materia tributaria. Año 2024. Aranzadi, 2025. Desde la publicación del primer libro de Jurisprudencia casacional tributaria en 2020, se han acumulado las sentencias cru­ciales del Tribunal Supremo con pronunciamientos innovadores para el ordenamiento jurídico. La obra ofrece una recopilación sistemática necesaria para interpretar el Derecho Tributario, especialmente considerando las recientes sentencias que supe­ran las expectativas. Incluye cuatro índices (descriptivo, temático, por preceptos y anual) para un acceso ágil a la información y refe­rencias a sentencias, asegurando una cobertura completa. La obra ofrece: i) una recopilación completa de sentencias innovadoras del Tribunal Supremo; ii) índices integrales que facilitan la localiza­ción de jurisprudencia y iii) análisis de cambios y actualizaciones en jurisprudencia tributaria.
Los intereses suspensivos y los recargos reducidos del período ejecutivo. A propósito de la STS de1 de octubre de 2025.
La sentencia del Tribunal Supremo declara incompatibles los intereses suspensivos del art. 26.2.c) LGT con los recargos reducidos del período ejecutivo. El trabajo sostiene que dicha incompatibilidad solo alcanza a los intereses del período ejecutivo del art. 26.2.d), pues los intereses suspensivos compensan un retraso distinto: el derivado de la suspensión. Extender la incompatibilidad desnaturaliza la lógica de los arts. 26 y 28 LGT y otorga un trato más favorable a quien solicita la suspensión en período ejecutivo frente a quien lo hace en período voluntario.
Cuestiones prejudiciales y conclusiones de los Abogados Generales en asuntos pendientes de resolución por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (10/03/2025 al 3/06/2025).
Impuesto sobre el Valor Añadido Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Directiva 77/388/CEE — Artículo 17 — Derecho a deducción de las cuotas del impuesto devengadas o ingresadas en la fase previa de comercialización — Artículo 26 — Régimen especial de las agencias de viajes — Ámbito de aplicación — Excursiones combinadas con venta de productos — Tributación del margen — Margen negativo — Inexistencia de derecho a deducción. Procedimiento prejudicial — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Directiva 2006/112/CE — Artículo 273 — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 49, apartado 3 — Obligaciones consideradas necesarias para garantizar la correcta recaudación del IVA y para evitar el fraude — Normativa nacional que prevé el pago de intereses de demora por deudas tributarias vencidas en materia de IVA que, con independencia de la naturaleza y de la gravedad de las infracciones, conllevan un elemento sancionador fijo que la Administración tributaria no puede reducir — Principio de proporcionalidad. Procedimiento prejudicial — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Directiva 2006/112/CE — Artículo 176 — Limitaciones nacionales del derecho a deducir en el caso de atenciones a clientes por motivos empresariales — Cláusula stand-still del artículo 176, párrafo segundo — Limitación del derecho a deducir el impuesto soportado introducida por primera vez en el mismo momento de la adhesión a la Unión Europea y de la transposición de la Directiva del impuesto sobre el valor añadido. Procedimiento prejudicial — Armonización de las legislaciones fiscales — Directiva 2006/112/CE — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Derecho a deducir el IVA — Artículo 173, apartado 1 — Prorrata de deducción — Concepto de «gastos generales»— Equipamiento técnico y material mínimo de los establecimientos sanitarios al que está supeditada la obtención de la autorización para prestar servicios sanitarios que no dan derecho a deducción, pero necesarios para la prestación de servicios que dan derecho a deducción. Procedimiento prejudicial — Impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Directiva 2006/112/CE — Alojamiento en hoteles y establecimientos similares — Tipo reducido de IVA — Prestaciones accesorias al alojamiento. Procedimiento prejudicial — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Directiva 2006/112/CE — Exención — Artículo 135, apartado 1, letra e) — Venta de oro propio del juego a cambio de dinero real fuera del juego — Operaciones referidas a medios legales de pago — Cálculo de la base imponible — Artículo 30 ter, párrafo segundo — Oro propio del juego como bono — Régimen del margen de beneficio — Artículo 315 — Oro propio del juego como bien de ocasión. Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Directiva 2006/112/CE — Artículos 30 bis y 30 ter — Definición de bono — Programa de fidelización con puntos obtenidos en función del volumen de las compras — Imposición de la emisión de puntos — Imposición del canje de puntos — Imposición de los puntos caducados. Petición de decisión prejudicial — Legislación tributaria — Impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Directiva 2006/112/CE — Artículo 205 — Artículo 273 — Impago de la deuda tributaria declarada en concepto de IVA — Responsabilidad solidaria de un tercero — Insolvencia y cancelación de la inscripción del sujeto pasivo en el registro mercantil — Principio de seguridad jurídica — Principio de proporcionalidad. Carta de los derechos fundamentales Procedimiento prejudicial — Protección del medioambiente — Directiva 2003/87/CE — Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero — RCDE UE — Objetivos de la Directiva 2003/87 — Asignación gratuita de derechos de emisión — Fuga de carbono — Impuesto nacional sobre el dióxido de carbono producido por la utilización de derechos de emisión gratuitos). Régimen fiscal común de las empresas Procedimiento prejudicial— Interpretación del Derecho de la Unión, legislación tributaria, impuesto sobre sociedades, evitación de la doble imposición, Directiva sobre sociedades matrices y filiales, libertad de establecimiento
Pronunciamientos pendientes del T. S. y del T.J.U.E
Servicios de gestión prestados por sociedad holding inmobiliaria a sus filiales y determinación del «valor normal de mercado» en el IVA: la STJUE de 3 de julio de 2025, C-808/23, Högkullen
Esta sentencia del TJUE resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo sueco sobre la interpretación de los artículos 72 y 80 de la Directiva 2006/112/CE en materia de IVA, en el marco de servicios prestados por una sociedad matriz/holding a sus filiales en situaciones donde concurren los requisitos para aplicar la excepción del art.80 de la citada Directiva que determina la aplicación del valor normal de mercado como base imponible de la contraprestación. El Tribunal de Justicia declara que se oponen a tales preceptos las prácticas administrativas que, en todos los casos, califican estas prestaciones intragrupo como ‘prestación única’, excluyendo que pueda determinarse el «valor normal de mercado» mediante el «método de comparación» del artículo 72, párrafo primero de la Directiva del IVA.
Análisis de Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
El requisito del empleado laboral y a jornada completa de la actividad económica de arrendamiento de inmuebles y los beneficios fiscales de la empresa familiar en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: SSTS de 14 de julio de 2025, rec. núm. 2197/2023,
A efectos de los beneficios fiscales de la empresa familiar en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el Tribunal Supremo considera que para que el arrendamiento de inmuebles constituya una actividad económica basta con disponer de un empleado laboral y a jornada completa, sin que sea exigible una carga de trabajo mínima que justifique económicamente su contratación. Sin embargo, si el trabajador es «ficticio», la Administración deberá declarar la simulación. En cuanto a la naturaleza laboral del contrato cuando el empleado es miembro de una comunidad de bienes, deberá analizarse en cada caso concreto si se dan las notas de dependencia y ajenidad.
Análisis de jurisprudencia nacional y doctrina administrativa
Asimetrías en la configuración de la prescripción tributaria: límites y alternativas a las autoliquidaciones rectificativas e inscripciones contables extemporáneas dirigidas a incrementar bases imponibles negativas en ejercicios prescritos
Con la llegada del año 1999 se introdujo en el impuesto sobre sociedades español la obligación de los sujetos pasivos de dicho impuesto de acreditar, mediante la exhibición de la contabilidad y los oportunos soportes documentales, la procedencia y cuantía de las bases imponibles negativas objeto de compensación, cualquiera que fuere el ejercicio en que se hubiesen originado.
Enfoque de Precios de Transferencia en operativas de cash pooling: STS de 15 de julio de 2025, rec. núm. 4729/2023
El Tribunal Supremo fija la doctrina sobre la simetría que deben tener los tipos de interés deudores y acreedores en una operativa de cash pooling de tipo «interno», así como la consideración de la calificación crediticia del grupo, y no la individual de la entidad partícipe, en aras a realizar el análisis de Precios de Transferencia para la fijación/validación del tipo de interés finalmente acordado.
Residencia fiscal de las personas físicas en el ámbito de las comunidades autónomas
La residencia fiscal de las personas físicas tiene una trascendencia fundamental en la tributación de éstas en España: Tanto a nivel estatal, puesto que básicamente influirá en si procede gravamen por IRPF o por IRNR Como a nivel autonómico, puesto que la residencia en una u otra Comunidad Autónoma se utilizará en muchas ocasiones: - como punto de conexión para la atribución del rendimiento de diversos tributos a la correspondiente Comunidad Autónoma - para la delimitación del domicilio fiscal, que a su vez será determinante de la competencia para llevar a cabo actuaciones de comprobación sobre esa persona física.
El artículo examina la conciliación judicial tributaria en España como mecanismo para reducir la elevada litigiosidad fiscal. A diferencia de otros sistemas comparados, el ordenamiento español apenas prevé vías consensuales, salvo las actas con acuerdo en inspección. El estudio se centra en la fase posterior a la emisión del acto administrativo, analizando su posible aplicación en la vía económico-administrativa y contencioso-administrativa. La conciliación se define como un instrumento procesal que permite a las partes ajustar hechos, pruebas o valoraciones bajo control judicial, sin vulnerar el principio de indisponibilidad del crédito tributario. Su base normativa se encuentra en el art. 77 LJCA, que habilita al juez para promover acuerdos sobre hechos o estimación de cantidades, y en el art. 415 LEC. En la vía económico-administrativa, el art. 235.3 LGT ofrece un resquicio para introducir acuerdos antes de la remisión del expediente, inspirándose en los modelos italiano y alemán. El ámbito material incluye cuestiones con margen de apreciación (valoración de bienes, estimación indirecta, calificación jurídica, sanciones), quedando excluidas las puramente normativas. Se aborda también la mediación intrajudicial, impulsada por proyectos piloto del CGPJ, cuya implantación en materia tributaria es mínima por falta de cultura de mediación y prejuicios sobre la indisponibilidad del crédito. El trabajo concluye que la conciliación judicial tributaria es viable sin reformas legislativas profundas, mediante estrategias organizativas claras, criterios transparentes y formación específica. A medio plazo, se propone reformar la LJCA para reconocer expresamente la conciliación judicial y regular su procedimiento, contribuyendo así a reducir la litigiosidad y reforzar la legitimidad del sistema tributario.
Resolución alternativa de conflictos (ADR)
Derechos de autor 2025 Revista Técnica Tributaria
Cuestiones admitidas a casación por el Tribunal Supremo pendientes de resolución
Categorías y elementos tributarios Normas antielusión. Calificación. Posibilidad del órgano jurisdiccional de confirmar la regularización mediante la figura de la simulación cuando el acuerdo de liquidación fundamenta la regularización en el ejercicio de la potestad de calificación. Obligados tributarios. Responsables. Responsables solidario ex artículo 42.2.a). Procedimientos especiales de revisión. Actos nulos de pleno derecho. Resolución dictada en procedimiento caducado. Comprobación de valores. Motivación. Visita tanto del exterior como del interior de inmueble por parte del perito. Excepciones. Devolución de ingresos indebidos. Plazo de prescripción. Dies a quo. Solicitud de rectificación de autoliquidación y devolución de ingresos indebidos. Ausencia de resolución. Cómputo del plazo de prescripción. Procedimiento sancionador Culpabilidad. Existencia de pronunciamientos divergentes por parte del Tribunal Económico Administrativo Regional y del Tribunal Económico Administrativo Central en relación la existencia de base probatoria suficiente en las actuaciones inspectoras para llegar a la conclusión determinante de la regularización. Procedimiento de Inspección Ampliación de actuaciones. Ejecución de resolución del TEAR que afecta al procedimiento. Posibilidad de la Administración de reanudar actuaciones por considerar que la prescripción en la vía penal no implica la prescripción en la vía tributaria Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas Regímenes especiales. Régimen fiscal especial previsto en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas - trabajadores desplazados a territorio español-. Rendimientos del capital inmobiliario. Gastos deducibles. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Sujeto pasivo. No residentes. Opción entre dos regímenes tributarios de posible aplicación (el estatal y el autonómico).
Facturación simplificada, IVA facturado por error y riesgo de pérdida de ingresos fiscales: STJUE de 1 de agosto de 2025, C-794/23, P GmbH
La sentencia del Tribunal de Justicia, de 1 de agosto de 2025, en el asunto C-794/23, resuelve tres cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 203 y 238 de la Directiva 2006/112/CE sobre el sistema común del IVA), en relación con la liquidación del IVA en casos donde se produce un error en la facturación y los destinatarios no son sujetos pasivos del impuesto. El TJUE concluye que el artículo 203 de la Directiva del IVA no hace deudor al expedidor por el IVA erróneo facturado a no sujetos pasivos; que el concepto de consumidor final se limita a quienes no son sujetos pasivos; y que la Directiva no se opone, en principio, al uso de estimaciones, siempre que se respeten la neutralidad, la proporcionalidad y el derecho de defensa.
Métodos estimativos y devolución del IVA
Principios de No Discriminación y Equivalencia
Contratos de servicios intragrupo, metodología de precios de transferencia e IVA: STJUE de 4 de septiembre de 2025, C-726/23, Arcomet
La sentencia del TJUE, de 4 de septiembre de 2025, C-726/23, resuelve dos cuestiones prejudiciales planteadas por un tribunal rumano sobre la interpretación de los artículos 2.1.c), 168 y 178 de la Directiva 2006/112/CE, reguladora del sistema común del IVA, en relación con un contrato de prestación de servicios intragrupo que establecía una remuneración que incluía una fórmula que contemplaba un «ajuste annual» (‘true-up’) conforme al método del margen neto operacional o TNMM recogido en las Directrices OCDE de Precios de Transferencia. El TJUE estableció, en primer lugar, que la remuneración calculada sobre el exceso del margen de explotación de la filial (por encima del 2,74 %) puede constituir la contrapartida de una prestación de servicios realizada a título oneroso y, por tanto, sujeta a IVA; y, en segundo lugar, que la Administración tributaria, en este contexto, puede exigir, además de la factura, otros documentos proporcionados y necesarios para acreditar la efectiva prestación y su utilización para operaciones gravadas a los efectos de la deducción del IVA soportado por el sujeto pasivo.
La vertiente aplicativa del principio de proporcionalidad en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia tributaria
La virtualidad de la vertiente aplicativa del principio de proporcionalidad en materia sancionadora tributaria parecía haber quedado reducida tras la aprobación de la LGT de 2003. Dicho lo anterior, en estas páginas se analizarán dos factores parecen apuntar a una más que necesaria revitalización de este principio: la remisión que la LGT hace a la normativa administrativa general en materia de los principios reguladores de la potestad sancionadora y la existencia de pronunciamientos recientes que se han servido de este principio para dejar sin efecto sanciones tributarias. Finalmente, se estudiará un supuesto resuelto por el Tribunal Supremo en el que, en opinión de este trabajo, este principio debió haber jugado un papel fundamental: la vulneración del principio ne bis in idem en la concurrencia de las sanciones de los artículos 194 y 195 de la LGT con la prevista en el artículo 201.3 de la misma ley.
Derechos de autor 2026 Revista Técnica Tributaria
Plazo de prescripción y devolución de ingresos indebidos. STS de 21 de julio de 2025, rec. núm. 6502/2023
El art. 66 c) LGT debe ser interpretado en el sentido de que el dies a quo del plazo de prescripción para solicitar la devolución de ingresos indebidos es la fecha en la que se constata que el ingreso en cuestión ostenta ese carácter (indebido), que no es otra —en el caso de autos— que aquella en la que se tuvo conocimiento de la sentencia penal absolutoria en virtud de proceso provocado por la propia Administración fiscal, con paralización automática del procedimiento inspector en el curso del cual se suscitó la denuncia, ya que no es hasta ese momento cuando el ingreso en su día efectuado pudo considerarse indebido.
procedimiento de inspección; rectificación de autoliquidaciones
Los derechos fundamentales de los contribuyentes y el supuesto deber fundamental de pagar tributos
El texto afirma que el bien protegido por el Derecho Tributario es la propiedad privada de los ciudadanos, lo que constituye uno de los derechos fundamentales de los contribuyentes, y descarta el concepto de que exista un deber fundamental de pagar tributos.
La exención de los dividendos establecida en la Directiva Matriz-Filial y la prohibición de exacción de gravámenes adicionales: la STJUE en el asunto Banca Mediolanum
La sentencia del TJUE en el asunto Banca Mediolanum tiene por objeto la interpretación del articulo 4 de la Directiva 2011/96/UE, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, y se pronuncia en el sentido de que, cuando un Estado miembro opta por el método de exención establecido en tal Directiva, resulta contrario al Derecho de la Unión someter a gravamen en una medida superior al 5 % a los dividendos percibidos por la matriz residente de sus filiales domiciliadas en otros Estados miembros, incluso a través de un impuesto nacional que no grava la renta obtenida por las sociedades (IRAP italiano) que incorpora total o parcialmente tales dividendos en su base imponible.
La transparencia algorítmica en el ordenamiento español tras el caso BOSCO: STS 1119/2025, de 11 de septiembre de 2025, Rec. núm. 7878/2024
En este caso el Tribunal Supremo se pronuncia sobre un asunto que plantea cuestiones fundamentales sobre la automatización de decisiones administrativas y la necesidad de garantizar la transparencia algorítmica cuando estos sistemas afectan directamente a derechos sociales prestacionales de colectivos vulnerables declarando el derecho de acceso de la Fundación Ciudadana Civio al código fuente de la herramienta informática BOSCO.
derecho de acceso a la información pública
La controvertida doctrina del «doble tiro» y su reciente concreción jurisprudencial: STS 1201/2025, de 29 de septiembre, rec. núm. 4123/2023
La estimación parcial de reclamaciones o recursos frente a actos de aplicación de los tributos provocó un gran debate sobre el alcance de tales pronunciamientos, la medida en que estos permitían a la Administración corregir sus decisiones y el número de ocasiones en el que podía efectuarse esa corrección. Frente a ciertos vaivenes jurisprudenciales en relación con estas cuestiones, la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2025 (recurso de casación núm. 4123/2023) arroja una necesaria luz en la cuestión y despeja la práctica totalidad de las cuestiones polémicas suscitadas, aunque puede quedar alguna por dilucidar. La estimación parcial de reclamaciones o recursos frente a actos de aplicación de los tributos provocó un gran debate sobre el alcance de tales pronunciamientos, la medida en que estos permitían a la Administración corregir sus decisiones y el número de ocasiones en el que podía efectuarse esa corrección. Frente a ciertos vaivenes jurisprudenciales en relación con estas cuestiones, la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2025 (recurso de casación núm. 4123/2023) arroja una necesaria luz en la cuestión y despeja la práctica totalidad de las cuestiones polémicas suscitadas, aunque puede quedar alguna por dilucidar.
Los límites a la gestión compartida entre el estado y las entidades locales en materia del impuesto sobre actividades económicas. STS de 15 de octubre de 2025, rec. núm.6109/2023
La reforma del sector eléctrico no ha ido acompasada con la reforma tributaria del mismo. Prueba de ello ha sido la problemática derivada con el Impuesto sobre Actividades Económicas (en adelante «IAE»), en relación con las sociedades dedicadas a la comercialización de la energía eléctrica. Estas sociedades de comercialización de energía fueron creadas con la reforma de la Ley del Sector Eléctrico en el año 1997, sin embargo, la creación de un epígrafe específico para ellas no llegaría hasta la LPGE 2021, surgiendo, como no podía ser de otra manera, tras más de 24 años de vacío legal, una importante problemática judicial. Las comercializadoras venían tributando por cuota nacional en el epígrafe 631 del IAE, sin embargo, las Entidades Locales, extralimitándose en sus competencias, a través de procedimientos de inspección, o lo que es peor, de comprobación limitada, procedieron a modificar el epígrafe en modalidad de cuota nacional (631), para imponer un alta en modalidad de cuota municipal (659.9, que sólo y exclusivamente contemplaba cuota municipal), con las implicaciones que de ello se derivaba. Las competencias inspectoras, no facultaban a las Entidades Locales per se, para ejercer competencias censales, y mucho menos para ejercer competencias inspectoras o censales fuera de su ámbito territorial, usurpando además funciones al Estado sin el procedimiento previsto para ello.
sociedades comercializadoras de energía eléctrica
competencias censales en materia de IAE de los Ayuntamientos
El límite de la progresividad en el impuesto sobre el patrimonio y la prohibición de discriminación a no residentes: SSTS de 29 de octubre y 3 de noviembre de 2025
El Tribunal Supremo ha sentenciado en dos resoluciones recientes que no puede discriminarse a quienes no son residentes fiscales en España en el ámbito del Impuesto sobre el Patrimonio (particularmente impidiendo reducir la progresividad del citado tributo tomando en consideración la imposición personal sobre la renta, cuando ello sí se les garantiza a los residentes fiscales en España) pues iría en contra de la libre circulación de capitales prevista en el Derecho de la Unión Europea. El presente comentario analiza la doctrina del Tribunal Supremo español y las repercusiones que la misma puede tener de cara a futuras solicitudes de devoluciones de ingresos indebidos respecto del Impuesto sobre el Patrimonio (o del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas) instadas por no residentes.
Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas
Un cambio de paradigma en materia de responsabilidad tributaria solidaria versus subsidiaria: la trascendental STS de 5 de noviembre de 2025
Se efectúa un análisis crítico, y se extraen importantes consecuencias jurídicas, sobre las exigencias y posibilidades de declarar a un tercero, que no manifiesta capacidad económica que tenga que someterse a tributación, como responsable tributario solidario o subsidiario de la deuda y sanción del contribuyente. La sentencia del Tribunal Supremo, de 5 de noviembre de 2025, efectúa un cambio radical en la doctrina que había mantenido poco tiempo antes, protegiendo los derechos, incluso fundamentales, del presunto responsable.