Reflexiones y propuestas sobre las acciones civiles aplicadas a la tutela del crédito público. Estudio de la nulidad por causa ilícita

Resumen

El acreedor público, para la defensa recaudatoria del crédito público, para reaccionar frente al fraude de acreedores, tendrá a su  disposición tanto las autotutelas administrativas como los remedios civiles y ambas vías serán compatibles y necesarias,  especialmente para el caso de que, donde no lleguen las autotutelas sí puedan llegar los remedios civiles.
En este sentido, por la jurisprudencia contenciosa se ha impuesto la necesidad de plazos concisos y conocidos para la declaración de  responsabilidades tributarias, surgiendo la cuestión de cómo abordar el fraude de acreedores que pueda padecer el acreedor  público. Dicho fraude de acreedores legitimará al acreedor público para ejercitar la acción de nulidad por simulación absoluta, que  es imprescriptible, de suerte que, prescrito el derecho a declarar una responsabilidad tributaria por ocultación de bienes será  obligación del acreedor público continuar la actividad recaudatoria por las vías civiles si se dan sus requisitos.
De igual modo, por la jurisprudencia contenciosa se ha sentado que no cabe declarar la responsabilidad tributaria de un menor,  como causante o colaborador en la ocultación de bienes en fraude del acreedor público. La solución no será otra que acudir a los  remedios civiles, y a ser posible empleándolos combinadamente.
En todo caso, la relación entre todas estas facultades y remedios, —los civiles y los propios de las autotutelas— será de plena  compatibilidad. Así, el acreedor público podrá decidir con discrecionalidad técnica, si bien bajo un mandato, el de eficacia, pues lo  que para el acreedor privado es principio dispositivo, para el acreedor público es necesidad de eficacia.